La alianza Parques Nacionales Cómo Vamos-PNCV, expresa su profunda preocupación por la situación descrita en la resolución 091 del 17 de febrero del 2026, por parte del director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez, que derivó en el cierre transitorio del Parque Nacional Natural Tayrona y en la prohibición del ingreso por sectores terrestres y marinos, debido a riesgo público.
Los Parques Nacionales Naturales constituyen uno de los mayores patrimonios estratégicos de la Nación. Las 61 áreas del sistema, que abarcan más de 23 millones de hectáreas, resguardan biodiversidad única, servicios ecosistémicos esenciales y una invaluable riqueza biocultural. No obstante, enfrentan amenazas estructurales que requieren atención urgente y articulada del Estado.
En este contexto señalamos que:
- Los Parques Nacionales Naturales deben ser protegidos como un bien público esencial. En ellos se resguarda gran parte nuestro seguro climático, hídrico, bioeconómico y biocultural del país.
- La ocupación y control territorial por parte de los actores armados ilegales debilita la gestión pública, pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios y limita el ejercicio de autoridad, monitoreo y conservación. La presencia de actores ilegales es causa directa, entre otras, de la construcción de infraestructura ilegal como vías y carreteables, como se evidencia en la Amazonia (PNN Chiribiquete) y en Orinoquía (PNN Macarena, Tinigua, entre otros); u otras infraestructuras como: puentes, campamentos, casas habitacionales, infraestructura para ganadería ilegal, para turismo inadecuada al contexto, para producción y procesamiento de ilícitos, maquinarias para minería ilegal, entre otros. Estas construcciones deterioran gravemente los ecosistemas.
- El detrimento de las condiciones de seguridad ha generado grietas en los territorios, que han sido aprovechadas por diversos grupos ilegales; algunos han ganado terreno generando mayor inestabilidad y confrontaciones, representados en desplazamientos de comunidades locales, desplazamientos de comunidades con acuerdos de uso lícito, asesinatos y extorsiones, solo por mencionar algunos.
- La gobernanza de los pueblos indígenas y los regímenes especiales de manejo han mostrado resultados efectivos de conservación en territorios traslapados, sin embargo, para afrontar la dimensión de la crisis de seguridad se requieren estructuras más fuertes y dinámicas para la articulación, acuerdos y reglas claras, para que como autoridades ambientales puedan cumplir su función protectora y asegurar los modos de vida de los territorios.
- Aunque el presupuesto nacional ha aumentado, los recursos que se destinan para la gestión de las áreas de Parques Nacionales Naturales continúan siendo insuficientes. Según el informe PNCV 2024, se destinan 1,15 dólares por hectárea, muy por debajo del promedio global estimado entre 5 y 7 dólares aproximadamente.
- Se han exacerbado los conflictos territoriales con comunidades asentadas dentro o en zonas aledañas a los parques, muchos de carácter histórico y aún no resueltos, los cuales se reactivan o intensifican según las coyunturas sociales, políticas y de seguridad de cada región.
- La pérdida de espacios territoriales de negociación y gestión de acuerdos para reducir las presiones sobre los recursos naturales, ha intensificado los conflictos y las dinámicas ilegales, incrementando la deforestación y la degradación de los ecosistemas.
- El parque nacional más visitado, con más de 600 mil visitantes al año, es el PNN Tayrona, reconocido a nivel global por sus playas y paisajes costeros, y el que recibe más visitantes extranjeros. Lo anterior, implica no solo una adecuada seguridad pública sino su correcta gestión, que incluye la participación de los operadores turísticos, comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Lo anterior nos lleva, como organizaciones ambientales y conocedores no solo de la conservación de la naturaleza y la acción climática sino de la institucionalidad responsable de esta tarea, a solicitar:
- La construcción e implementación inmediata de una estrategia de acción urgente que permita fortalecer la gestión en los parques con mayores riesgos y, simultáneamente, frenar la pérdida de ecosistemas, especies, servicios ecosistémicos y valores bioculturales asociados.
- A los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas contiguas, que la buena gobernanza está también en la gestión efectiva de las alianzas y la capacidad de acción conjunta para enfrentar los retos de seguridad que por décadas han puesto en jaque a toda la región.
- Mediante un llamado urgente que el sistema de parques nacionales, el SINA y todos los sectores del territorio, propongamos una nueva forma de gestión de las áreas protegidas. Hoy urge replantear herramientas operativas y de planeación que lleven a una mayor participación e inclusión, como alternativa a una realidad dinámica que asegure su sostenibilidad.
- La articulación efectiva de todas las entidades con competencia en control territorial para combatir la ilegalidad dentro de los Parques Nacionales Naturales, detener la deforestación, la minería y la infraestructura ilegal, y avanzar en procesos de recuperación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos afectados.
- Acciones específicas de judicialización que den ejemplo de control y cumplimiento de la ley, apoyen el control social y profundicen la no impunidad y control territorial de parte de actores ilegales.
- La asignación suficiente y sostenida de recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan fortalecer el control, la vigilancia, el monitoreo y las acciones interinstitucionales para prevenir y sancionar los delitos ambientales en los Parques Nacionales Naturales.
- La implementación de una estrategia nacional de movilización y corresponsabilidad social, que convoque a municipios, gobernaciones, comunidades locales, sectores productivos y sector privado, a respaldar la conservación efectiva y sostenida de los Parques Nacionales Naturales.
Lo que sucede hoy en el PNN Tayrona es un precedente muy negativo para el futuro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia.












